Viernes 16 de octubre de 2026. CCOO ha ofrecido una rueda de prensa en su sede
de Alcalá de Henares para denunciar que, a juicio del sindicato, el proyecto de «Roca City
Alcalá» está dejando de lado una oportunidad de apostar por garantías de empleo y
vivienda social en favor de la especulación inmobiliaria.
Vicente García Castillo, Secretario General de CCOO Henares, ha criticado que el
gobierno de la Comunidad de Madrid otorgue un reconocimiento al proyecto «Roca City
Alcalá», toda vez que este no aporta garantías al empleo de la planta de Alcalá ni
soluciones en materia de vivienda social.
García ha criticado como el mismo proyecto con los mimos actores sociales se
configura radicalmente distinto en las localidades catalanas de Gavá y Viladecans, donde
se apuesta por el mantenimiento e incluso ampliación del empleo y con el compromiso de
que el 46% de las 2731 viviendas que se construirán contarán con algún tipo de
protección pública, destinándose el 33% del total del parque inmobiliario que se construirá
a alquileres asequibles.
Para García la única diferencia entre Alcalá de Henares y Gavá-Viladecans son los
actores políticos implicados, que en la ciudad complutense están apostando por la
especulación inmobiliaria y no por aportar soluciones a los problemas materiales de la
plantilla de Roca y de la ciudadanía alcalaína.
Por su parte Alfredo Villafranca Villanueva, Secretario General de la Federación de
Industria de CCOO Madrid, ha reclamado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de
Alcalá de Henares que aprovechen el desarrollo urbanístico de Roca City para impulsar
un verdadero plan industrial que garantice la continuidad de la actividad económica y del
empleo en la localidad.
Villafranca ha defendido que la regeneración de los antiguos terrenos industriales
de Roca debe ser compatible con la construcción de nuevas viviendas, pero también con
la preservación del tejido productivo. «No estamos en contra de que Alcalá gane
viviendas, pero no podemos aceptar que para conseguirlo tenga que renunciar a su futuro
industrial», ha señalado.
Desde la federación se ha destacado la diferencia entre los proyectos que la misma multinacional desarrolla en Alcalá de Henares y en los municipios catalanes de Gavà y Viladecans. «Si Roca puede compatibilizar regeneración urbana, industria e innovación en Cataluña, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá tienen la responsabilidad de explorar todas las posibilidades para conseguirlo también aquí», ha afirmado Villafranca. Además el líder sindical ha ha recordado que el propio borrador del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2026-2030 contempla instrumentos para modernizar el tejido productivo, impulsar nuevas inversiones y desarrollar distritos industriales y de innovación, incluyendo expresamente a Alcalá de Henares entre los municipios implicados.
Para Esperanza Hernández Zaragoza, Secretaria de Políticas Sectoriales y
Medioambiente de CCOO Madrid, el problema radica en las políticas en materia de
vivienda e industria del gobierno de la Comunidad de Madrid. «El Partido Popular en la
Comunidad de Madrid ha convertido el urbanismo en su principal herramienta de negocio
y lo hace con un patrón que se repite: primero facilitan la operación, segundo desregulan
la protección y tercer premian el negocio especulativo».
Para Hernández el proyecto, tal y como está planteado, no responde al interés
general. «Alcalá de Henares no necesita más ladrillo. Necesita empleo industrial, vivienda
asequible y transparencia», ha asegurando, criticando la falta de información pública
sobre el desarrollo del proyecto. Además la dirigente sindical ha puesto en tela de juicio la
calificación del proyecto como ecobarrio, criticando que se trata de una categoría vacía al
carecer de certificados ecológicos oficiales, objetivos de ahorro energético o mediciones
de huella de carbono. «Es puto marketing político», ha apostillado.
CCOO exige a las administraciones responsables soluciones que garanticen el
mantenimiento de todos los puestos de trabajo y protección pública en materia de
vivienda para al menos 1.500 hogares, de los cuales 1.000 deberían de contar con un
régimen de alquiler asequible. El sindicato interpela así a Judith Piquet e Isabel Díaz
Ayuso, a las que exige trabajar por alcanzar un consenso que aporte garantías, certezas y
estabilidad a la mayoría social alcalaína.