El delegado del Gobierno denuncia pintadas racistas en el centro de migrantes de Alcalá

Alcalá de Henares, 6 de julio de 2025.- El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha denunciado este domingo que el muro exterior del Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares amaneció en la víspera con pintadas racistas, tras la manifestación no autorizada del viernes y en la que se exigía el cierre de las instalaciones.

Martín, que ha compartido una imagen del muro en la que se observa una pintada en color rojo y en la que se lee ‘Negros al cementerio’ junto a una esvástica, ha acusado a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet; a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y al Partido Popular de hacer una política de “odio y señalamiento”. “Esto, como la violencia en las calles, los insultos y las amenazas, son los frutos de la tremenda irresponsabilidad de la alcaldesa, del partido que la sostiene, con la señora Díaz Ayuso a la cabeza, y del socio al que inútilmente tratan de alcanzar”, ha manifestado el delegado en sus redes sociales.

Así las cosas, Martín ha ahondado en su discurso de los últimos días y ha hecho un alegato final en contra de la violencia sexual, y también en contra del racismo, todo ello después de que esta semana se haya conocido la detención de un residente del CAED como presunto autor de la agresión sexual a una joven de Alcalá de Henares y que ha derivado en protestas para exigir el cierre del centro.

La alcaldesa de Alcalá solicita el cierre del centro por “inseguridad”

Un hecho que desencadenó el ultimátum de la alcaldesa de Alcalá de Henares, que anunció que llevará al próximo Pleno municipal, previsto para el 15 de julio, una moción para solicitar formalmente al Gobierno de España el cierre del Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) de la ciudad.

Piquet sostuvo que aunque la ciudad “ha mostrado su solidaridad”, el centro ha superado su capacidad —asegura que acoge a más de 1.700 personas— y ha generado “inseguridad y desorden” en su entorno, afectando a la convivencia y calidad de vida de los vecinos. “Las familias de Alcalá tienen derecho a vivir en un entorno seguro. Este centro no solo ha superado su capacidad, sino que ha afectado la convivencia y seguridad de nuestros vecinos”, declaró la primera edil alcalaína.