El Tribunal Supremo rechaza el recurso de la Comunidad de Madrid para paralizar el traslado de 12 menores migrantes de Ceuta y Canarias

Alcalá de Henares, 21 de enero de 2026.- El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) de suspender cautelarmente el inicio del procedimiento para trasladar a 12 menores extranjeros no acompañados desde Ceuta y Canarias a esta región tras considerar que provocaría “graves daños”.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso recurrió ante el Supremo el inicio del procedimiento de los 12 traslados, cursado por las oficinas de extranjería dependientes de la Delegación del Gobierno en la comunidad y la ciudad autónoma, en virtud de la reforma de la Ley de Extranjería, que estableció la derivación de estos menores desde las comunidades en contingencia migratoria a otras autonomías.

En un auto dictado el pasado 8 de enero, el Supremo, que no entra en el fondo del recurso, sostiene que paralizar los traslados de menores provocaría “graves daños” contra los mismos y por tanto rechaza además los argumentos esgrimidos por la Comunidad de Madrid para frenar esta medida de forma cautelar.

Recuerdan los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que en un procedimiento distinto, el de los menores solicitantes de asilo llegados a Canarias que debe acoger el Gobierno central, ya sostuvieron que estos niños y adolescentes estaban en el archipiélago en un “notorio estado de hacinamiento” incompatible con superior interés por los derechos del menor.

Por esta razón, señalan que si ahora acordasen suspender las disposiciones tomadas por Administración del Estado para “evitar” esta situación, no solo caerían “en contradicción” con su resolución anterior, sino que además facilitarían el mantenimiento de unas circunstancias que ya consideran “gravemente perjudiciales para los menores”.

El auto se refiere además a la situación de contingencia migratoria que viven Ceuta y Canarias, que acogen al triple de menores migrantes de los que indica su capacidad ordinaria, una eventualidad que les ha afectado “negativamente” al verse “forzadas a dedicar especiales recursos asistenciales a los menores migrantes”, lo que continuaría si se suspenden los procedimientos de traslado.