La Comunidad de Madrid rebajará a 5 años el empadronamiento mínimo para solicitar alquiler de vivienda protegida

Alcalá de Henares, 20 de febrero de 2026.- La Comunidad de Madrid rebajará a cinco años el empadronamientos necesario en la región para solicitar un alquiler en una vivienda protegida, tal y como ha avanzado este jueves el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

Lo ha expresado en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, donde ha señalado que se está trabajando en el nuevo Reglamento de Vivienda Pública, que van a aprobar en julio, tal y como avanzó la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, además de subrayar que ya han cumplido en un 95% el primer plan de choque con medidas de impulso para la vivienda.

“Queremos un empadronamiento que baje hasta los cinco años cuando hablemos de viviendas en alquiler y que no se exija para modelos de residencias de estudiantes o viviendas compartidas”, ha detallado el consejero, quien ha afirmado que están admitiendo todavía enmiendas.

Así, ha destacado que mientras en la Comunidad defienden “el arraigo” de todos los madrileños y que tengan la oportunidad de tener una vivienda pública, lo que el PSOE hace es comprometerse “a regulaciones masivas de más de 500.000 inmigrantes que nada van a aportar a los madrileños”.

Fuentes de la Consejería de Vivienda han explicado a Europa Press que el Gobierno regional introducirá excepciones al requisito general de diez años de empadronamiento previsto para el acceso a vivienda protegida en régimen de compra o uso propio. No se exigirá este periodo a quienes, antes de la entrada en vigor del reglamento, hayan suscrito contratos de compraventa u opción de compra, títulos de adjudicación o realizado aportaciones económicas a cuenta del precio de la vivienda.

Tampoco se aplicará a miembros de cooperativas que ya hubieran desembolsado cantidades destinadas a la adquisición del suelo o de la propia vivienda. En los supuestos en los que sí resulte exigible el requisito de empadronamiento, bastará con que lo cumpla uno de los miembros de la unidad de convivencia.

Con estas modificaciones, la Comunidad de Madrid quiere reforzar “la seguridad jurídica, protege a quienes ya habían adquirido compromisos previos y adapta la normativa a las distintas fórmulas residenciales actuales, garantizando un acceso más ágil y realista a la vivienda protegida”.