La Fiscalía de zona de Alcalá pide tres años de cárcel para la alcaldesa socialista de Velilla de San Antonio por prevaricación urbanística y ambiental

La Audiencia Provincial de Madrid enjuiciará este miércoles a Antonia Alcazar, alcaldesa de Velilla de San Antonio, junto a otros tres responsables municipales acusados de un delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental. Los cargos se relacionan con la presunta inacción municipal frente a las molestias denunciadas durante años por vecinos contra el restaurante ‘El Casón de la Quinta de San Antonio’.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía de zona de Alcalá, los hechos se remontan al menos a 2019. Junto a la regidora, están acusados el técnico de urbanismo F. R. F.,  y dos concejales del gobierno de Antonia Alcázar.

El Ministerio Público sostiene que los acusados “omitieron de forma deliberada sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y de protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos”, a pesar de las denuncias reiteradas vinculadas al funcionamiento del establecimiento hostelero, ubicado en la calle María Zambrano número 9 de la localidad.

El local disponía de licencia de restaurante desde 2006, pero carecía de autorización para organizar actividades en espacios exteriores. En esas áreas se celebraban presuntamente bodas, comuniones, bautizos y fiestas con música de alta potencia, pirotecnia y concentración de personas hasta altas horas de la madrugada.

La acusación pública documenta también incumplimientos repetidos de los horarios de cierre fijados por la normativa autonómica. Algunos eventos se habrían prolongado hasta las cinco o seis de la mañana.

Entre 2019 y 2025 constan numerosas denuncias de vecinos y varias intervenciones de la Policía Local. Sin embargo, el Ayuntamiento abrió únicamente cuatro expedientes sancionadores municipales, todos ellos paralizados sin resolución definitiva.

La Fiscalía considera que los responsables municipales incumplieron sus obligaciones de inspección y disciplina urbanística al no ejercer sus competencias ni adoptar medidas cautelares o de restablecimiento de la legalidad, vulnerando la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Tres vecinos afectados reclaman indemnizaciones por los perjuicios sufridos, especialmente durante primavera y verano, cuando aumentaba la celebración de eventos y las molestias acústicas.

La Fiscalía solicita para cada acusado tres años de prisión, una multa de veinte meses con cuota diaria de 15 euros e inhabilitación especial de doce años para empleo o cargo público relacionado con funciones urbanísticas y ambientales. Además, pide que indemnicen conjunta y solidariamente a los perjudicados con 4.000 euros.