Puigdemont alarga la negociación con el PSOE al no haber un acuerdo sobre la amnistía

“No haremos una amnistía para VIPs”

“No dejaremos a ningún soldado tirado. No haremos una amnistía para vips”, ha asegurado el secretario general de la formación que lidera Puigdemont, en un escrito remitido a sus compañeros de dirección.

Puigdemont, quien permanece huido en Bruselas de la justicia española por su papel en el referéndum ilegal en Cataluña en 2017, se ha reunido en su despacho del Parlamento Europeo con el secretario general de Junts, Jordi Turull, y la portavoz del partido en el Congreso, Miriam Nogueras.

También se ha desplazado a la capital europea el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, aunque no ha habido un encuentro presencial entre ambas partes, como el que hubo el pasado lunes.

Ambos partidos se han intercambiado llamadas y documentos sobre los puntos de la amnistía en los que no hay consenso para que a su vez sean consultados con juristas, por lo que la negociación se mantiene abierta y sin pistas de cuándo podría cerrarse.

A la espera de qué hará Junts, las bases de ERC, con un 89 por ciento de votos favorables, han avalado que se invista a Sánchez tras una consulta interna en la que ha participado un 43,6 por ciento de los afiliados.

Sin fecha del debate de investidura

La falta de acuerdo con Junts ha hecho que no se haya registrado la proposición de ley sobre la medida de gracia, un paso clave para acelerar la convocatoria del debate de investidura.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que le corresponde fijar la fecha del debate, insiste en que su misión es “facilitar la investidura” y que la votación sea “exitosa”, por lo que mantiene la incógnita de cuándo la concretará, según fuentes cercanas a la presidencia de la Cámara Baja.

Desde el PSOE, se insiste en que se sigue trabajando para que la investidura se celebre el 8 y 9 de noviembre una vez cerrado el pacto con ERC que, además de la amnistía, incluye el traspaso íntegro del servicio de Cercanías y la asunción del Estado de parte de la deuda autonómica cifrada en 15.000 millones.