Barcelona (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de JxCat, Jordi Turull, han firmado este jueves en Bruselas el acuerdo que desbloquea la investidura de Pedro Sánchez y que incluye la amnistía para casos de la denominada “lawfare” o judicialización de la Justicia, tal y como había venido reclamando la formación independentista catalana.
El “número tres” del PSOE, Santos Cerdán, ha declarado que el acuerdo para una futura amnistía relativa al proceso independentista en Cataluña en 2017 llega en un momento “clave” para España y “constituye una oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse”.
Cerdán ha añadido que el acuerdo para una futura amnistía no incluye “nombres” y cubre a las personas relacionadas “directa o indirectamente” con el procés independentista “entre 2012 y 2023”.
Los días 15 y 16 de noviembre son las fechas más probables para el debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, según han asegurado a EFE fuentes socialistas.
A la espera de la comunicación oficial de la fecha que deberá hacer la presidenta de la cámara, Francina Armengol, tras hablar con el jefe del Ejecutivo en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, fuentes del PSOE apuntan al miércoles y jueves de la próxima semana, 15 y 16 de noviembre.
Pero antes los socialistas deben conseguir el apoyo de los diputados del PNV, ya que es el único partido de los que necesita Sánchez su sí que no ha comunicado públicamente su voto.
Puigdemont condiciona la legislatura a los avances del pacto
El expresidente catalán Carles Puigdemont, por su parte, ha declarado que el acuerdo al que ha llegado con el PSOE sobre la ley de amnistía que desencalla la investidura de Pedro Sánchez, abre una “etapa inédita” y condicionó la estabilidad de la próxima legislatura a los avances de lo pactado.
“Se condiciona la legislatura a los avances y no solo a los cumplimientos” del pacto con el PSOE, dijo Puigdemont en una comparecencia desde el Club de Prensa de Bruselas.
Una amnistía para casos de judicialización de la política
La ley de amnistía ha sido el principal escollo para el acuerdo, y finalmente, ambos partidos la defienden “para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato”.
Los dos partidos se han comprometido a que la ley incluya tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos.
En este sentido, señalan que “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto “lawfare” o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
El expresident Carles Puigdemont ha venido exigiendo que la ley de amnistía se aplicara a estos casos que, según ha denunciado, implican ” un uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes”
El documento contempla además que Junts pida “la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya” a la Generalitat.
El pacto de investidura se sitúa en el comienzo de una negociación con distintas posiciones por ambas partes, y condiciona “la estabilidad de la legislatura” a “los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones”.
De este modo, reseña algunas propuestas del lado de Junts, como es, “en el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno”, que esta formación “propondrá de entrada una modificación de la LOFCA” (la norma que regula la financiación de las autonomías) “que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat”.
Junts propondrá celebrar un referéndum sobre Cataluña
Junts ha propuesto en el acuerdo la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el “futuro político de Cataluña”, mientras los socialistas señalan que defenderán el “amplio desarrollo” del Estatut de 2006.
En el pacto figura la puesta en marcha de un “mecanismo internacional” entre ambas organizaciones para “acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos” a los que lleguen.
En ese marco, las dos formaciones señalan que concretarán los contenidos de los acuerdos a negociar, según consta en el documento difundido por el PSOE. Junts ha avanzado que propondrá, en la primera reunión de negociación este mismo mes de noviembre, la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña “amparado en el artículo 92 de la Constitución”.
Al respecto, el PSOE señala que “defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña”.
