Alcalá, 21 de noviembre.- La mayor parte de los jueces adscritos a Alcalá se han manifestado esta mañana ante las puertas del palacio de justicia de la plaza de la Paloma contra la ley de amnistía que ha registrado el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados fruto del acuerdo de investidura con Esquerra Republicana de Catalunya y con Junts Per Catalunya.
La concentración fue encabezada por el juez decano de Alcalá, Javier Ignacio Reyes López. A la misma se sumaron abogados del Colegio de Alcalá cuyo decano, Ángel Llamas, también asistió a la concentración.
Desde la presentación de la proposición de la ley de amnistía por el PSOE, la mayoría de los jueces, fiscales, procuradores y abogados han venido protestando contra esa posible ley y su debate y tramitación en el Congreso de los Diputados.
De hecho, nada más conocerse el texto de la proposición de ley, se pronunciaba la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo la cual, tras celebrar una sesión ordinaria, emitía un comunicado por unanimidad para recordar que “el Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes”.
De este modo, los jueces reivindican también que “el ejercicio de la función jurisdiccional se ajuste siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley”.
Por eso, en esa línea, en los comunicados realizados han querido enfatizar “la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones”, indicando expresamente que “ven incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado”.
La proposición de ley, denuncian, “conlleva un inadmisible control por parte del poder legislativo del poder judicial, que está únicamente sometido al imperio de la ley”, por lo que ven en todo ello una “afectación directa a la separación de poderes”.
“El Estado democrático de Derecho está asentado sobre tres principios fundamentales, siendo uno de ellos la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, otro es el poder del pueblo -la soberanía nacional- y el tercero es la separación de poderes. El hecho de que un poder del Estado, el poder legislativo, sirva para controlar las decisiones y resoluciones jurisdiccionales, es precisamente una intromisión que deja sin contenido un poder del Estado y, en consecuencia, supone una afectación directa a la separación de poderes como principio elemental de garantía del Estado democrático de derecho“, aseguran los jueces.
