Alcalá, 2 de mayo.- Crece la indignación en Ciudad 10 por el chalet de MENAs que ha alquilado la organización Arquisocial, empresa dedicada a la prestación de servicios sociales y que firmó un contrato con los propietarios del chalet adosado para alojar en él a 14 menores extranjeros no acompañados, concretamente de nacionalidad marroquí.
Los vecinos más próximos al chalet ya han avisado varias veces a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado por ruidos y molestias en horario nocturno procedentes de ese chalet, además de que han solicitado una inspección de técnicos municipales de esa vivienda para ver las obras realizadas para adaptarla y permitir que en ella residan un número de MENAs que serían catorce en estos momentos pero que según fuentes municipales serán pronto doce. Los vecinos han reconocido que los técnicos acudieron a inspeccionar la vivienda pero no se les permitió el acceso a la misma.
Por otra parte los vecinos han decidido avisar directamente a la Policía Nacional cuando se produzcan ruidos y molestias y registrar todos estos avisos de cara a emprender acciones judiciales porque el objetivo es que el chalet recupere su condición de vivienda familiar y no sea un centro residencial, apoyando este objetivo con las molestias que se producen.
Anteayer 30 de abril se celebró una reunión de los representantes de los vecinos, concretamente del Colectivo Vecinal de Ciudad 10, con concejales del equipo de gobierno en la sede de la junta municipal del distrito IV. En la reunión participó el presidente de la junta, el edil Antonio Saldaña, la concejala de Seguridad Ciudadana, Orlena de Miguel y la edil de Participación Ciudadana, Esther de Andrés. Los vecinos reconocen que salieron frustrados de la reunión.
En cambio desde el equipo de gobierno se asegura que recogidas las quejas vecinales se van a trasladar éstas a la Dirección General del Menor de la Comunidad de Madrid para que ésta se ponga en comunicación con la entidad Arquisocial a efectos de realizar las obras necesarias de insonorización de la vivienda, y de advertir a los MENAs de que tengan un comportamiento adecuado a las normas básicas de convivencia. Desde el gobierno municipal se informó a los vecinos que dos de los MENAs residentes están ya trabajando, y los demás están estudiando.
Sin embargo esto no es suficiente para los vecinos. Entre ellos se temen los problemas que han tenido en el piso del paseo de la Castellana de Madrid, concretamente en el número 173, problemas que argumentan que son de inseguridad ciudadana y que sólo han conseguido, con acciones judiciales y mucha presión, que finalmente dejaran de vivir allí los MENAs. Es más, los vecinos ya han entrado en contacto con los residentes en este inmueble de la capital a efectos de consultar con los abogados que han defendido a los vecinos del paseo de la Castellana los pasos a seguir. Sin embargo los vecinos no temen los ruidos y las molestias, sino la inseguridad que se genera en el barrio.
Según el Colectivo de Vecinos de Ciudad 10, en la reunión con los miembros del equipo de gobierno, éste justifica la situación por la presión migratoria que tensiona los servicios sociales de la CAM. Esto hace que la CAM derive a inmigrantes menores a sociedades como Arquisocial que gestiona el acogimiento de estos en viviendas tuteladas. La CAM y el Ayuntamiento no saben dónde se van a ubicar estas viviendas y se gestiona como una colaboración público / privada.
Los vecinos expusieron múltiples quejas, entre ellas ruidos constantes incluso pasada medianoche, uso inadecuado de patinetes, obra ilegal en la vivienda, menores con horarios incompatibles con el estudio, tutores con actitudes incompatibles con la gestión de menores y menores que, por su perfil, no acatan la figura de los tutores y menos si son mujeres. Los vecinos de las casas colindantes han llamado múltiples veces a policía, tutores y propietarios de la vivienda sin solución. Las justificaciones son múltiples: fin de ramadán, cumpleaños, futbol, algún menor trabaja y sus horarios son diferentes…
Desde el equipo de gobierno se expuso en la reunión que en este caso el consistorio sólo tiene competencias en materia de urbanismo por el tema de licencias de obras, que de hecho aseguran que están investigando, así como en materia de molestias, ruidos y horarios, y en cuanto al uso de patines por si es inadecuado, todo lo cual van a comunicar a la Policía Local para establecer una una vigilancia especial.
Esto no es suficiente para los vecinos, que lo que estudian ahora es la adopción de medidas de tipo judicial buscando en primer lugar el asesoramiento adecuado.
