Una comisión investigará las contrataciones a empresas de familiares de dos concejalas del PSOE

Alcalá de Henares, 9 de septiembre de 2024.- Los dos partidos políticos que forman el gobierno municipal de Alcalá, PP y Vox, aprobarán en el pleno del martes 17 de septiembre la constitución de una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Alcalá para esclarecer las contrataciones llevadas a cabo por el anterior equipo de gobierno bajo la presidencia de Javier Rodríguez Palacios (PSOE) a empresas de familiares de dos concejalas del PSOE, Blanca Ibarra y Patricia Sánchez, un asunto que salió poco antes de las elecciones municipales de 2013. La viceportavoz del PP, Orlena de Miguel, apuntó que además de la vía política se acudirá con este asunto a la vía judicial, al menos por parte del PP, tras constatarse irregularidades en las contrataciones en un procedimiento información reservada llevado a cabo por la propia estructura municipal bajo la encargo del equipo de gobierno actual.

El montante económico de las contrataciones efectuadas con sendas empresas suma unos 40.000 euros, según Orlena de Miguel. Se trata de una empresa de comunicación y de otra de artes gráficas con las que el anterior equipo de gobierno contrató diversos servicios.
Según Orlena de Miguel “cuando entramos en el nuevo gobierno la alcaldía encargó dos informaciones reservadas para poder ver si había o no esas posibles irregularidades dado que las dos concejales formaban parte de la Junta de Gobierno Local que intervenía en la adjudicación de estos contratos”.
“Una vez recibidas las conclusiones de este informe y constatadas estas irregularidades, dado que a tenor de la ley de Contratos del Sector Público en su artículo 16 se prohíbe a personas relacionadas con cargos electos la contratación con el sector público concretamente a sus cónyuges, a sus ascendientes o a sus descendientes”, dijo De Miguel que añadió que “estos comportamientos por tanto por esta ley están prohibidos por la ley”.
Esa es la razón por lo que la viceportavoz del PP confirmó que la administración local va a actuar en este asunto por dos vía, la judicial “para poder dirimir las responsabilidades legales en que se han podido incurrir”, y una segunda que será la convocatoria de una comisión de investigación para dirimir las responsabilidades políticas y que se aprobará el próximo pleno: “El objeto de esta comisión de investigación será en primer lugar será comprobar la existencia de ese conflicto de intereses en la contratación, y en segundo lugar ver la posible incidencia de estas dos concejales en la consecución de estos contratos”.
Según Orlena de Miguel, “hemos visto en la trayectoria de Javier Rodríguez Palacios que siempre suele pedir explicaciones hasta por lo más nimio y lo más absurdo. Ahora queremos ver si está dispuesto a darlas por este presunto caso de corrupción que le afecta directamente”.