Alcalá de Henares, 14 de octubre de 2026.- Los sindicatos y las plataformas educativas reclaman una reducción de las horas lectivas y de las ratios, más personal de apoyo y una mejora de las condiciones laborales. También cuestionan los servicios mínimos establecidos por la Comunidad de Madrid.
El profesorado de la educación pública no universitaria de la Comunidad de Madrid inició el miércoles, 14 de octubre, una huelga indefinida impulsada por una amplia alianza sindical y social. La convocatoria, de carácter inédito en la región por su formato, pretende presionar al Gobierno autonómico para que atienda las reivindicaciones del colectivo docente y adopte medidas frente al deterioro que, según los organizadores, atraviesa el sistema educativo público. En Alcalá la huelga se inició con una concentración en la plaza de Cervantes que transcurrió sin incidentes a diferencia de lo ocurrido en Madrid.
La movilización reúne a los sindicatos CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, junto con plataformas sectoriales como Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP.
Desde el comité organizador sostienen que el paro es el resultado de un proceso de movilización que se ha prolongado durante varios cursos académicos. Según explican “esta huelga culmina un proceso de movilización docente que lleva ya varios cursos”.
Los convocantes responsabilizan a la Consejería de Educación de la falta de avances en las negociaciones y denuncian una financiación insuficiente de la enseñanza pública. En el mismo documento señalan que «la falta de voluntad de mejora y negociación de la Consejería de Educación, así como la infrafinanciación y el deterioro de la educación pública madrileña llevaron en junio a que el profesorado madrileño decidiera esta huelga».
Menos horas lectivas y aulas con menos alumnos
Una de las principales demandas del profesorado es reducir la carga lectiva semanal. Los sindicatos reclaman establecer un máximo de 17 periodos lectivos en Secundaria y Formación Profesional, y de 22 en Primaria. Su propuesta contempla que también se tengan en cuenta las tareas de tutoría y las responsabilidades de jefatura.
La reducción del número de alumnos por aula constituye otro de los ejes de la protesta. Las organizaciones solicitan ratios máximas de 13 estudiantes en Educación Infantil, 15 en Primaria y Formación Profesional, 20 en Secundaria y 23 en Bachillerato.
Estas medidas, según los convocantes, permitirían mejorar las condiciones de enseñanza y ofrecer una atención más individualizada. También reclaman mayores recursos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales.
Una subida salarial de 600 euros y más personal administrativo
En el terreno económico, el comité exige un incremento de 600 euros mensuales en el complemento específico autonómico del profesorado. A esta petición se suman la equiparación retributiva de los docentes de Formación Profesional y el establecimiento de un complemento de peligrosidad para quienes trabajan en Educación Especial.
La carga burocrática ocupa igualmente un lugar destacado entre las reivindicaciones. Los sindicatos consideran que las tareas administrativas restan tiempo a la actividad docente y reclaman que cada centro educativo público disponga, como mínimo, de un auxiliar administrativo a jornada completa.
El objetivo es que el profesorado pueda dedicar más tiempo a la enseñanza, la preparación de clases y el seguimiento del alumnado, sin asumir responsabilidades administrativas que, a juicio de los convocantes, deberían recaer en personal específico.
Infraestructuras, climatización y retirada del amianto
Las exigencias de la huelga también afectan a las instalaciones escolares. El comité reclama un plan de climatización para los centros públicos, la eliminación del amianto presente en edificios educativos y el fin de la construcción por fases de los colegios e institutos.
Estas demandas se enmarcan en la denuncia de los sindicatos sobre la insuficiencia de recursos destinados a la red pública madrileña. Las organizaciones defienden que la mejora de las condiciones laborales debe ir acompañada de inversiones que garanticen espacios adecuados para enseñar y aprender.
Los servicios mínimos, otro foco de conflicto
La fijación de los servicios mínimos durante la huelga amenaza con abrir un nuevo frente entre los sindicatos y la Administración regional. Las organizaciones convocantes temen que se repitan los criterios aplicados en los paros de 2024 y 2025, cuando, según denuncian, se exigió la presencia de dos miembros de los equipos directivos por centro, además de un maestro por cada 50 alumnos en Primaria y un profesor por cada 90 estudiantes en Secundaria.
