Alcalá de Henares, 18 de abril de 2026.- El Partido Popular de Madrid va a registrar mociones en
todos los ayuntamientos de la región para denunciar el colapso de los servicios públicos consecuencia de la irresponsable política migratoria y de la falta de planificación y de dotación económica por parte del Gobierno de España.
De esta forma, los ayuntamientos exigirán al Gobierno de España que
cualquier proceso de regularización sea individualizado y esté acompañado de
una memoria económica detallada, un procedimiento transparente, criterios
claros y definidos, así como la habilitación de una financiación suficiente para
que los municipios puedan afrontar su impacto, tanto en los procedimientos de
tramitación como en el consiguiente desarrollo de itinerarios de inclusión social
y laboral.
Asimismo, los ayuntamientos instarán al Gobierno de España a retirar el Real
Decreto de regularización masiva por carecer de los mecanismos de control
necesarios, por vulnerar los principios europeos en materia migratoria y por
contravenir los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y a
tramitar cualquier modificación en materia de extranjería como proyecto o
proposición de ley en el Congreso de los Diputados, garantizando el debate
parlamentario, la seguridad jurídica y la participación de los grupos políticos.
Así lo ha explicado hoy el secretario general del PP de Madrid, Alfonso
Serrano, que ha calificado de “irresponsable” la política del Gobierno con este
decreto de regularización masiva puesto que “está tensionando los servicios
de extranjería y colapsando los servicios públicos de los ayuntamientos de
toda la región”.
Además, Serrano ha asegurado que el PP de Madrid no va a ser
corresponsable de esta “irresponsable” política del Gobierno y ha acusado al
delegado del Gobierno de “lavarse las manos”. “Denunciamos la falta de
responsabilidad, de criterio y de planificación del Gobierno de España”, ha
finalizado.
El Gobierno de España no tiene política migratoria, no controla las fronteras,
practica un relato que genera efecto llamada y después se desentiende de los
problemas transfiriendo la carga a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos, que se ven obligados a afrontar con sus recursos las
consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno.
