Alcalá de Henares, 6 de febrero de 2025.- El PSOE ha solicitado al juez de Instrucción número 2 de Alcalá de Henares que el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, declare como testigo en la causa en la que se investiga a la alcaldesa de Alcalá de Henares por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documento.
En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la acusación popular solicita al magistrado que se lleven a cabo una serie de diligencias de investigación encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos investigados y su mejor esclarecimiento.
La petición se realiza una semana después de que Piquet declarase como investigada en una comparecencia en la que manifestó que “nunca” tuvo acceso al parte policial del que el PSOE y la Fiscalía de Madrid le acusan de filtrar, apuntando su letrado a la supuesta implicación de la Policía Nacional y la Policía Local en el manejo de los documentos.
El procedimiento guarda relación con la polémica surgida hace ya más de un año cuando la alcaldesa aseguró en varias intervenciones públicas que existían dos denuncias por agresión sexual sin autor conocido en las que se refería que el responsable es “un varón negro y joven”.
El letrado de la defensa, Javier Vasallo, manifestó tras las declaraciones que se trataba de un procedimiento “guionizado con un claro afán económico por parte de terceros que lo están utilizando, por un lado a manera de defensa y por otro, de forma contundente para reclamar lo que es tema oportuno en otros procedimientos” en alusión a varios contenciosos laborales del exjefe de la Policía local con el Ayuntamiento.
“Participación directa de Serrano”
Entre las diligencias, los socialistas consideran que Alfonso Serrano debe ser citado como testigo, a la vista de “su participación directa y fundamental en los hechos, si bien, en función de su especial cualidad personal como persona aforada, actualmente senador de la Cortes Generales, ofreciéndosele la posibilidad de declarar voluntariamente asistido de letrado”.
El juez ofrece esta posibilidad por si “como consecuencia de la misma pudiera cambiar su situación procesal, todo ello dado que es él, el que publica el documento policial en redes sociales y en aras a que dicha declaración se realice con las máximas garantías posibles para el mismo”.
Apunta que, conforme a la jurisprudencia, el hecho de que en el transcurso de una instrucción judicial pueda haber indicios de la posible participación en los hechos investigados de una persona aforada no implica la automática asunción de la competencia para instruir esos hechos por el órgano encargado del enjuiciamiento de los aforados, en este caso el Tribunal Supremo.
Así, recalca que el juzgado de instrucción debe apurar y depurar la instrucción practicando cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación, “no solo para acreditarlos sino también para determinar el grado de participación que en ellos hubiera podido tener la persona aforada, individualizando la conducta concreta que respecto a ese aforado pudiera ser constitutiva de delito y constatando también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación”.
