Madrid 4 de diciembre.- (EFE).- El PP exige que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acepte reformar la ley judicial tal y como proponen los populares en su programa electoral, y que ofrezca garantías al respecto, antes de sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cinco años caducado.
“No vamos a poner al zorro a controlar las gallinas, queremos que no haya zorro controlando el gallinero”, ha explicado al respecto el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, tras el Comité de Dirección del partido.
Tras pactar el PSOE la ley de amnistía con el independentismo catalán, la formación de Alberto Núñez Feijóo endurece su posición respecto a la renovación del Consejo.
En la anterior legislatura, los populares sí se sentaron a negociar sin que hubiese una reforma ya pactada, y estuvieron a punto de cerrar un pacto, que se truncó por la supresión del delito de secesión y la reforma de la malversación.
Ahora exigen en cambio que el PSOE acepte la reforma que el PP lleva en su programa electoral para que los jueces elijan directamente a la mayoría del órgano, es decir, a los doce vocales del turno judicial, y despolitizar así el Consejo.
“Si esto se acepta nosotros podemos hablar, en caso contrario no”, ha recalcado Sémper este lunes.
Sánchez llamará a Feijóo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que “por supuesto” llamará al líder del PP para volverle a pedir que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial, una actitud ante la que le ha acusado de “lawfare” por politizar la justicia.
Ante la pregunta de si va a intentar superar ese bloqueo poniéndose en contacto con Feijóo, ha recordado que ya se lo ha pedido en numerosas ocasiones, pero ha asegurado: “Yo voy a llamarle por supuesto”.
Para Sánchez, en España no hay un problema de división de poderes, sino que el problema es que el PP tiene secuestrado, de “rehén”, al poder judicial y con unas consecuencias “terribles”.
Al respecto, ha recordado que hay una acepción de “lawfare” que es la politización de la justicia, y ante ello, ha afirmado: “no hay caso más paradigmático de ‘lawfare’ y de politización de la Justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el PP al poder judicial”.
El jefe del Gobierno ha acusado al principal partido de la oposición de tener un sentimiento patrimonialista de la democracia, del poder y de las instituciones.
El CGPJ cumple cinco años con el mandato caducado
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este lunes cinco años en funciones, es decir, un mandato completo caducado e inmerso en una crisis institucional sin precedentes, sin que se contemple a corto y medio plazo una salida al bloqueo por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para su renovación.
El 4 de diciembre de 2018 debió renovarse la composición del Consejo, tal y como habían pactado el PSOE y el PP, hasta el punto de que habían comenzado las comparecencias en el Congreso de los candidatos.
Pero el célebre mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que defendía la elección del magistrado Manuel Marchena para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo porque se podría controlar “por detrás” la sala segunda del alto tribunal, rompió el acuerdo, y desde entonces han pasado cinco años.
Nueva etapa con menos vocales
El pacto estuvo prácticamente cerrado de nuevo hace poco más de un año, pero de nuevo el PP lo rompió, en ese caso por la supresión del delito de sedición.
Ahora no hay visos de acuerdo y el CGPJ arranca nueva etapa con solo 16 de sus 20 vocales, sin capacidad de hacer nombramientos, un presidente interino – el tercero en un año- y un mandato que comenzó en 2013 durante la X legislatura y continúa en 2023 en la XV.
La Comisión Europea ha urgido en varias ocasiones a la renovación del Consejo sin que se le haya hecho caso.
Hace unos días, Félix Bolaños estrenó su cargo al frente de Justicia con una visita al presidente del Consejo, Vicente Guilarte, con el que coincidió en renovarlo “lo antes posible”.
Decisiones inéditas
La pasada semana, Pedro Sánchez anunció su intención de llamar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para abordar este asunto, pero los populares dicen que todo acuerdo de renovación pasa por reformar la ley para que sean los jueces, y no el Parlamento, los que elijan a sus representantes en el Consejo, lo que no gusta al PSOE.
Entre tanto, este órgano sigue tomando decisiones y algunas de ellas de alto voltaje.
La pasada semana declaró no idóneo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para ser renovado en el cargo cuando el pasado año lo examinó y consideró que sí lo era.
Y recientemente se posicionó en contra de la ley de amnistía en una declaración impulsada por los vocales conservadores, sin que ni siquiera haya arrancado la tramitación de la proposición de ley.
Este sábado el presidente del CGPJ planteó en una columna publicada en El País la posibilidad de recortar las competencias de ese órgano para que no pueda realizar nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales, una reforma que, a su juicio, facilitaría su renovación. “La apetencia de unos y otros por la designación de ‘sus’ vocales se diluiría”, afirmaba.
