Alcalá de Henares, 8 de septiembre de 2025.- La polémica en torno al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación de Alcalá (CAED) ha entrado en una nueva dimensión. Las críticas ya no son sólo fruto de la tensión política, de la polarización que existe, ni siquiera de los vecinos de Alcalá (sobre todo de los que viven más próximos), muchos de los cuales se vienen quejando de sentirse inseguros, especialmente a raíz de la agresión sexual sufrida por una joven en las inmediaciones al comienzo del verano. Ahora son trabajadores del centro quienes han puesto de manifiesto la situación interna del centro situado en la gran parcela de uso militar junto a la avenida de los Jesuitas. El CAED es, a día de hoy, un polvorín en unas instalaciones saturadas, en las que proliferan las peleas por la tensión entre las diferentes nacionalidades existentes e incluso entre tribus subsaharianas, y en el que los trabajadores ya han podido comprobar la llegada de las drogas, por lo que se quejan de la inseguridad que sufren. Pero hay más: La alcaldesa vuelve a exigir el cierre del macrocentro tras constatarse también la presencia de menores en instalaciones creadas para adultos.
En concreto, Judith Piquet ha pedido de nuevo el cierre del macrocentro de inmigrantes en una entrevista en el programa de televisión “Espejo Público” tras confirmarse, según los propios trabajadores del centro, la presencia de menores en unas instalaciones destinadas exclusivamente a adultos.
Piquet ha recordado que el centro “dobla la capacidad permitida, genera problemas de convivencia dentro y fuera del recinto y está provocando una presión insoportable sobre los servicios municipales”. La regidora insistió en que “ya no es solo una denuncia del Partido Popular, ahora son los propios trabajadores quienes alertan de la saturación y de las condiciones indignas en las que viven los internos”.
La alcaldesa ha puesto de manifiesto la “opacidad” del Gobierno de Sánchez y del Ministerio de Migraciones: “No son capaces de decir cuántas camas hay ni dónde han ido las 90 personas que salieron el pasado viernes del centro. Si el propio ministerio no da datos exactos, imagínense el caos que hay dentro”.
Piquet ha indicado que el centro ha llegado a albergar 1.680 inmigrantes, pese a que su capacidad no supera las 700 plazas, y que actualmente hay 1.129 residentes. Además, señaló que desde la agresión sexual sufrida por una vecina el pasado 28 de junio “no han traído más inmigrantes, simplemente han ido dejando que salieran poco a poco, sin transparencia ni explicaciones”.
Por todo ello, la alcaldesa ha remitido una carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, con copia al presidente Pedro Sánchez, exigiendo el cierre inmediato del macrocentro de inmigrantes de Alcalá.
“En esta ciudad no hacemos populismo ni ideología. Hablamos de seguridad, de convivencia y de dignidad para nuestros vecinos y también para las personas que llegan en condiciones indignas”, ha dicho Piquet.
Inseguridad dentro de las instalaciones
Todo ello lo ha afirmado la alcaldesa en un contexto en la que la tensión la manifestaron también los trabajadores del Centro de Acogida de Inmigrantes de Alcalá de Henares quienes denunciaron la grave situación de inseguridad que se vive en las instalaciones. Según explicaron, la falta de personal hace imposible contener las constantes peleas, la venta de drogas y la llegada de personas sin control previo, lo que ha colocado al recinto en una situación crítica. “Estamos indefensos, sólo llevamos unos grilletes”, alertaron algunos empleados, que aseguraron que la presión ha ido en aumento con la llegada de menores procedentes de Canarias.
Un centro desbordado
El macrocentro funciona al límite de su capacidad, según los sindicatos. Los trabajadores también criticaron la falta de medios materiales para afrontar los incidentes diarios y aseguraron que el deterioro de las instalaciones aumenta la tensión. Afirmaron que no hay personal sanitario suficiente, que muchos acogidos llevan meses con la misma ropa y que la alimentación es deficiente.
Desde el Ministerio de Inclusión se niega que el centro esté saturado, aunque las organizaciones sindicales insisten en que existe un problema estructural que compromete tanto la seguridad del personal como la de los propios residentes.
Mientras tanto, los empleados del centro han pedido refuerzos inmediatos y una revisión completa del modelo de gestión, advirtiendo de que la situación es “insostenible” y podría derivar en sucesos aún más graves.
