Alcalá de Henares, 18 de julio de 2025.- El exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Alcalá, Markel Gorbea, respira tranquilo tras la pesadilla que vivió por la acusación por parte de la Fiscalía de un delito de prevaricación administrativa en su etapa como comisionado del gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana. Esta acusación tuvo que ver con el derribo de una vivienda en la Cañada Real que fue denunciada por Abdessadek Charib “ante la pérdida de su vivienda de ladrillo, con todos los elementos para su habitabilidad, en la que venía residiendo desde hacía más 18 años, habiendo perdido todos sus bienes y enseres personales, así como su vehículo”, según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía.
La sala tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado sentencia absolutoria a favor de Markel Gorbea por el delito de prevaricación administrativa, con lo que ha acabado para él una pesadilla que ha durado casi dos años cuando fue citado por un juzgado de Madrid para tomarle declaración por el derribo de esa vivienda. Tras ser concejal en el Ayuntamiento de Alcalá hasta 2019, Markel Gorbea fue nombrado comisionado en 2021 y su tiempo en el cargo fue corto, hasta abril de 2023 en que fue cesado. Unos meses después fue citado en calidad de investigado por un delito de prevaricación administrativa. Markel Gorbea permanecía retirado de toda actividad de representación política y de gestión.
El político complutense fue defendido por el abogado alcalaíno Octavio Martín, también exconcejal del PP y compañero de grupo del propio Markel. La procuradora fue la también alcalaína Gema García Merino.
En la sentencia de la sala tercera de la Audiencia Provincial, la Sala considera que no debe de responder penalmente como autor aquel que carece de posición de dominio en relación concreta
con el hecho delictivo de que se trate, en este caso Markel Gorbea, de tal forma que solo podrá ser condenado quien realizó la actuación delictiva o tuvo capacidad real de impedirla, el funcionario del Ayuntamiento de Madrid, jefe del servicio de disciplina urbanística, Julio César Santos, pues sólo él, conociendo la verdadera situación de la parcela y teniendo poder para impedir una demolición que no procedía en la forma y modo que se llevó a cabo, no lo hizo.
En consecuencia la Audiencia Provincial dictamina la libre absolución de Maikel Gorbea Pérez, en relación al delito de prevaricación administrativa por el que se formuló acusación tanto por el
Ministerio Fiscal como por la acusación particular, concretamente de Más Madrid, y declara culpable y sentencia al funcionario del Ayuntamiento de Madrid a nueve años de inhabilitación calificando su actuación de “arbitraria y deliberadamente injusta”.
