20-noviembre-2023.- La Policía Nacional, con la colaboración de la
Tesorería General de la Seguridad Social, ha detenido a 52 personas en toda España y cuatro en concreto en la Comunidad de Madrid, por el presunto cobro ilegal de prestaciones públicas. Uno de los detenidos es un abogado que, en colaboración con varias personas, se dedicaban a crear empresas ficticias sin actividad para facilitar el cobro del paro a trabajadores. La cantidad defraudada tanto al SEPE como al INSS asciende a más de 300.000 euros.
La investigación comenzó el pasado mes de mayo tras recibir un escrito-
denuncia de la Tesorería General de la Seguridad Social, con la denuncia se
requería la actuación policial ante diversas actuaciones irregulares llevadas a
cabo por una sociedad con actividad en Albacete con el fin de eludir sus
obligaciones de pago con la Seguridad Social.
La empresa denunciada se dedicaba supuestamente al comercio al por
mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas y tras las
comprobaciones realizadas se comprobó que no existía ninguna actividad
comercial y que se trataba de una vivienda residencial como indicaba la sede
electrónica del catastro. Por ello, los agentes tomaron declaración a varios
trabajadores de la sociedad que no cobraron ninguna prestación por
desempleo, los cuales manifestaron que nunca habían trabajado para esta
empresa y que habían pagado una cantidad de dinero a una persona para
poder cotizar a la Seguridad Social.
Tras labores de investigación se pudo identificar a esta persona, que junto a
su mujer figuraban como administradores de 30 sociedades, muchas de ellas
con la actividad de comercio al por mayor de maquinaria, equipos y
suministros agrícolas en las ciudades de Albacete, Alicante, Cuenca y
Valencia. La mayoría de estas empresas compartían un nexo común y es
que les constaba un mismo abogado de la ciudad de Albacete como
tramitador autorizado para realizar gestiones (autorizado RED) ante la
Seguridad Social.
A este letrado le constaban antecedentes policiales por fraude de
prestaciones a la Seguridad Social y Falsificación Documental y al supuesto
administrador también le figuraban numerosas reseñas policiales por delitos
de estafa, defraudación y falsificación de documentos.
Al frente de sociedades sin actividad.
Con estos indicios se focalizó la investigación sobre el autorizado RED de
Albacete que, con la colaboración de terceras personas, se encontraba al
frente de sociedades sin una actividad real y realizaban el alta a trabajadores
en la Seguridad Social para que estos pudieran obtener de manera ilegítima
una prestación o un subsidio de desempleo. De hecho, estos administradores
ficticios, conocidos coloquialmente como testaferros, también aprovechaban
para poder cobrar prestaciones por desempleo colocando incluso a sus
familiares cercanos para recibir el paro del SEPE.
Los agentes pudieron determinar que buena parte de las empresas
gestionadas por este autorizado RED eran ficticias y también afloraron otras
sociedades con altas irregulares de trabajadores en empresas que si tenían
una actividad real.
Tras las averiguaciones se llevo a cabo un operativo que ha permitido
detener a un total de 52 personas en las provincias de Albacete (41), Alicante
(2), Madrid (4), Málaga (1), Murcia (1), Valencia (3) por delitos de fraude en
obtención de prestaciones. Al abogado, junto a sus testaferros, también se
les ha atribuido un delito de pertenencia a grupo criminal al considerarse que
habían creado un entramado empresarial con el fin de defraudar al Servicio
Público de Empleo Estatal.
En base a todas las investigaciones llevadas a cabo, se ha podido determinar
que el perjuicio económico total causado al SEPE y al INSS ha sido de más
de 304.094 euros, cantidad que se habría visto incrementada de no ser por
las actuaciones policiales, ya que se detectaron nuevas empresas ficticias las
cuales han sido dadas de baja de oficio para que no generasen más fraude.
