Alcalá de Henares, 18 de septiembre de 2026- La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se refirió durante el acto de colocación de la primera piedra de un centro de procesamiento de datos en el campus científico tecnológico de Alcalá de Henares a la normativa estatal sobre estos centros y en concreto al Real Decreto que regula estas instalaciones. Para Ayuso, se trata de “una persecución regulatoria” de la normativa estatal sobre centros de datos que “perjudica especialmente” a Madrid poniendo en riesgo 26.000 millones y 14.000 empleos.
La presidenta de la Comunidad añadió que “hemos presentado un conjunto de alegaciones, creemos que después de tantas políticas energéticas fallidas no se puede ahora resolver restringiendo la demanda”, ha explicado.
Ayuso ha dicho también que “estamos preocupados con esa persecución regulatoria en todos los ámbitos, en este caso hablamos del proyecto de Real Decreto por el que ahora, con carácter retroactivo, sin comunicación, sin debate y sin conocimiento se regulan esos requisitos aplicables a los centros de datos. Porque estos requisitos que se han impuesto ahora artificialmente, lo que hacen es establecer condiciones que son imposibles de cumplir, primero porque es retroactivo, por tanto, primero se hicieron todas estas inversiones y luego se decidió que había que darle una vuelta. Y, sobre todo, lo que está generando al final es incertidumbre en las inversiones”.
En ese sentido la presidenta afirmó que “esto perjudica especialmente a la Comunidad de Madrid, que somos líderes tecnológicos, pone en riesgo aquí de 26.000 millones de euros de presupuesto y otros 14.000 puestos de trabajo se podrían ver comprometidos. Al menos hay algo bueno, y es que el sector de la digitalización y de los datos se ha unido como nunca, están todos unidos y han aglutinado esas críticas que vienen desde todo el sector”.
“Nosotros rechazamos que la saturación de la red se resuelva solamente limitando, en lugar de reforzar infraestructuras. En lugar de dar más libertad se quita, y eso nunca ha funcionado. Esto tiene esa consecuencia, la inseguridad jurídica, es decir, hacer de España un lugar poco fiable para invertir. Nos oponemos nosotros también como gobierno a ese Real Decreto, hemos presentado un conjunto de alegaciones, creemos que después de tantas políticas fallidas energéticas no se puede ahora resolver restringiendo la demanda de esta manera”, concluyó Isabel Díaz Ayuso en Alcalá de Henares.
