Alcalá de Henares, 9 de febrero de 2026. – La Comisión Especial de Investigación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha constatado que durante el anterior mandato municipal, gobernado por el PSOE, se aprobaron pagos y adjudicaciones a empresas vinculadas familiar o personalmente a concejalas socialistas con la presencia de estas en los órganos de contratación, sin que conste abstención ni comunicación formal de conflicto de intereses en los expedientes analizados.
Así lo recogen las conclusiones finales de la Comisión aprobadas hoy, presidida por la primera teniente de alcaldesa del Ayuntamiento Isabel Ruiz Maldonado, tras un trabajo exhaustivo basado en documentación administrativa oficial, expedientes completos de gasto, actas de órganos colegiados, certificaciones de Intervención Municipal, registros mercantiles y declaraciones de técnicos y personal municipal.
Hechos constatados en relación con vínculos familiares y pagos municipales
En un primer bloque, la Comisión acredita la existencia de un vínculo familiar de primer grado entre una concejala del PSOE y la administradora única de una empresa proveedora del Ayuntamiento, vínculo reconocido públicamente. Pese a ello, durante el periodo comprendido entre 2019 y 2023, el Ayuntamiento abonó once facturas a dicha mercantil por un importe total superior a los 5.200 euros, correspondientes a inserciones publicitarias y suministros.
El informe detalla que la concejala vinculada asistió a siete sesiones de la Junta de Gobierno Local y del Pleno en las que se aprobaron propuestas de autorización, disposición, obligación y pago a favor de la empresa relacionada, participando con voto favorable, sin que en los expedientes administrativos conste abstención ni manifestación expresa de conflicto de intereses.
La Comisión recoge igualmente que diez de las once facturas fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local y una mediante reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado en Pleno, con presencia directa de la edil afectada, quedando acreditada su participación en los órganos decisorios responsables de autorizar el gasto público.
Contratación reiterada a empresas vinculadas a parejas de concejalas
En un segundo bloque de conclusiones, la Comisión analiza la contratación reiterada de otra empresa administrada por la pareja de una concejala socialista, que prestó servicios tanto al Ayuntamiento de Alcalá de Henares como al ente público dependiente Alcalá Desarrollo.
En este caso, el informe final cifra en 33.480,38 euros el importe total abonado entre los años 2019 y 2023, mediante contratos menores sucesivos y encadenados en el tiempo. Las conclusiones acreditan que la concejala participó en la conformidad de determinadas facturas, asistió como miembro o invitada a sesiones de la Junta de Gobierno Local donde se aprobaron pagos a dicha empresa, y no consta abstención ni advertencia formal de conflicto de intereses, pese a tratarse de decisiones reiteradas a lo largo de varias anualidades.
La Comisión deja constancia de que algunas facturas fueron conformadas por la propia concejala y otras aprobadas en sesiones en las que formaba parte del órgano decisor, circunstancias acreditadas mediante certificaciones oficiales incorporadas al expediente.
Análisis del procedimiento y debilidades de control
El informe subraya que todos los contratos analizados se tramitaron como contratos menores, encadenados por anualidades, conceptos similares y áreas municipales diversas, sin que consten mecanismos adicionales de control o cautelas reforzadas pese a la reiteración de proveedores y a la existencia de vínculos personales acreditados.
La Comisión concluye que los controles aplicados fueron exclusivamente formales, limitándose a la tramitación administrativa ordinaria, sin que se activaran medidas específicas de prevención de conflictos de intereses ni advertencias internas en los expedientes.
Asimismo, se señala que los técnicos municipales actuaron conforme a instrucciones jerárquicas o dinámicas heredadas, y que en muchos casos no disponían de conocimiento completo sobre los vínculos personales existentes, lo que sitúa la responsabilidad en el ámbito estrictamente político y decisorio.
El informe destaca que las decisiones de gasto afectaron a distintas áreas municipales, lo que demuestra que no se trata de un único departamento ni de una actuación aislada, sino de una práctica sostenida durante todo el mandato del PSOE.
Valoración política de Isabel Ruiz Maldonado
En su valoración política, Isabel Ruiz Maldonado ha afirmado que “las conclusiones de la Comisión no describen un error puntual, sino una forma de gobernar que normalizó situaciones de conflicto y diluyó los límites entre lo público y lo personal”.
“Durante años, el PSOE exigió a otros lo que no aplicó cuando tuvo responsabilidades de gobierno. Las conclusiones desmontan ese relato con hechos, no con opiniones”, ha señalado.
Ruiz Maldonado ha subrayado que “no estamos ante titulares ni debates partidistas, sino ante documentación oficial del propio Ayuntamiento: facturas, actas, certificados y declaraciones técnicas que acreditan lo ocurrido”.
A su juicio, “la ausencia de abstenciones, la participación en órganos decisorios y la reiteración de contratos evidencian un fallo grave de ejemplaridad política”. “Es una cuestión ética y de responsabilidad pública”, ha añadido.
La primera teniente de alcaldesa ha criticado que “el PSOE no haya asumido ni una sola responsabilidad política tras conocerse las conclusiones”. “Ni disculpas, ni explicaciones a los vecinos, ni revisión interna. Solo ataques a la Comisión y descalificaciones”, ha afirmado.
Remate y alcance de las conclusiones
El informe final precisa expresamente que la Comisión no emite juicios penales, sino que constata hechos administrativos objetivos, y señala que la información recabada puede constituir base suficiente para que los órganos competentes valoren la incoación de procedimientos de responsabilidad, si así se considera procedente.
Las conclusiones fueron aprobadas tras el examen íntegro de expedientes administrativos originales, facturas, actas de órganos colegiados, registros mercantiles y declaraciones testificales, dejando negro sobre blanco la relación entre empresas proveedoras, cargos públicos y decisiones de gasto durante el mandato del PSOE en Alcalá de Henares.
Ruiz Maldonado ha concluido asegurando que “este gobierno no teme a la transparencia ni a la verdad, por incómoda que resulte”. “Alcalá cerró una etapa política en las urnas, y hoy la Comisión confirma que esa etapa estaba agotada también desde el punto de vista ético y de ejemplaridad pública”, ha sentenciado.
