Alcalá de Henares, 19 de enero de 2026.- Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación (CC.OO, UGT, CSIF y ANPE) están estudiando la vía judicial contra la normativa de la jornada partida en los colegios públicos de Infantil y Primaria y de Educación Especial de la Comunidad de Madrid, una medida que consideran que “coarta la democracia” en los centros, que provocará que los menores “no rindan bien” o que empeorará las condiciones laborales de los docentes.
Así lo han avanzado a Europa Press los representantes sindicales tras haber analizado la normativa. CSIF ha dado el primer paso anunciando un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), mientras que CC.OO y ANPE ya han tomado la decisión de acudir a los tribunales, a la espera de concretar sus alegaciones con el equipo jurídico. Por su parte, UGT continúa estudiando las acciones legales.
“No es una cuestión de si la jornada continua o la partida es mejor, aunque hay informes que dicen que la atención baja después de comer. Los centros deben tener democracia interna, no se puede decidir desde una silla sin tener en cuenta las zonas y los barrios concretos. No todos necesitan las mismas cosas”, ha argumentado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Aída San Millán.
También ha asegurado que la nueva normativa “coarta” la democracia en los colegios porque en las votaciones para el proceso de cambio de jornada “la última palabra de la Dirección de Área Territorial correspondiente”. “Están quitando el derecho de decidir”, ha avisado.
En esta línea, el secretario de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Madrid, Javier Becerra, ha cargado contra un texto que “incide de manera directa en las condiciones de trabajo del personal docente de las etapas educativas más tempranas sin que haya existido una negociación con las organizaciones sindicales”.
“La nueva norma deja sin efecto la necesidad de alcanzar un consenso entre todas las partes involucradas de la comunidad educativa, generando un clima de convivencia cada vez más tenso. También habilita a que la Administración decida seguir adelante en contra de la voluntad global del centro”, ha insistido.
Por otro lado, Becerra ha lamentado que la normativa no especifica si se aportarán los recursos necesarios, tanto económicos como materiales y de personal para “poder acometer la transformación al modelo que se plantea, sumado al posible sobrecoste en el que se vean las familias de estos centros”.
“AFECTA A LAS CONDICIONES LABORALES”
Además, el presidente de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González, ha criticado que el decreto no haya sido objeto de negociación sindical pese a que “modifica sustancialmente las condiciones laborales del profesorado, vulnerando los principios básicos de la negociación colectiva en el ámbito educativo”.
“La Comunidad de Madrid ha tratado de aprobar y publicar esta normativa con el mayor sigilo posible, haciéndolo al comienzo del periodo vacacional de Navidad del profesorado, en un claro intento de minimizar la reacción social, sindical y mediática ante una medida de enorme impacto”, ha argumentado.
Considera el sindicado que la “justificación” del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de ofrecer la jornada partida para mejorar el rendimiento académico, la conciliación familiar o la libertad de elección de las familias, se ha hecho “sin aportar estudios ni datos objetivos que respalden dichas afirmaciones y a costa de deteriorar las condiciones laborales del profesorado”.
González ha censurado la “práctica ya habitual del Ejecutivo autonómico” de aprobar una normativa educativa “relevante” en periodos no lectivos, “sin diálogo previo y con escaso respeto institucional hacia los docentes”.
“HAY NIÑOS QUE DESPUÉS DE COMER NO VUELVEN”
Por su parte, la vicepresidenta de ANPE, Carolina Fernández, ha censurado a la Comunidad de Madrid por “no respetar la autonomía de los centros para que se pueda cambiar de jornada” y ha recalcado que los docentes “conocen las realidades de los alumnos, que dependen del lugar donde están”.
“Hay que ver estas cosas con calma, no se puede cambiar así de rápido porque pensamos esto ahora. Hay niños de colectivos vulnerables que si se van a casa a comer, no vuelven. Además, nosotros estamos por encima del promedio europeo de horas lectivas en Primaria y Secundaria”, ha apuntado.
Fernández ha añadido que esta medida significa un “desprecio” a los docentes de la región y ha recalcado que los profesionales “no son cuidadores”. “Cada profesión tiene que tener su sitio y hacer lo que tiene que hacer, pero se está diciendo que valemos para todo”, ha concluido.
EL DECRETO
El Consejo de Gobierno autorizó el pasado 23 de diciembre el decreto que determina que la jornada lectiva se organice, con carácter general, en dos sesiones de mañana y tarde, separadas por un intervalo de dos horas, con la posibilidad de mantener la opción de continuada en los meses de septiembre y junio.
Los colegios públicos que así lo deseen podrán tramitar y aprobar el cambio de su jornada escolar al horario partido. La iniciativa deberá partir de al menos un tercio del Consejo Escolar del centro, formado por padres, profesores, personal de administración y servicios y representantes municipales.
El procedimiento contemplará consultas al claustro y a este órgano de participación, así como a las familias, e incluirá una votación, presencial o telemática, en la que será necesario que la mayoría de los votos emitidos resulte favorable.
Tras confirmarse el escrutinio, el presidente del Consejo Escolar informará de su resultado al claustro y a los miembros del órgano, y el director lo trasladará a la Dirección de Área Territorial correspondiente. Será su titular quien autorice el cambio, previo informe del Servicio de Inspección Educativa y atendiendo a criterios organizativos, pedagógicos y de conciliación familiar. Todo este proceso deberá realizarse antes del 15 de marzo de cada año.
