Miércoles 24 de diciembre de 2025.- La Comunidad de Madrid finalizó en 2024 un total de 129 procesos de solicitud de eutanasia, de los que 62 resultaron en prestaciones efectivas, lo que supone el 48,06 por ciento del total, según recoge el Informe Anual sobre la Prestación de Ayuda para Morir publicado este martes por el Ministerio de Sanidad.
Del total de 129 solicitudes presentadas en la región el pasado año, en 24 ocasiones fueron denegadas por no cumplir con los requisitos legales, el 18,6 por ciento del total, mientras que once personas revocaron voluntariamente su solicitud, el 8,53 por ciento del conjunto.
Otras 32 personas fallecieron durante el proceso de tramitación, el 24,81%. De esta forma, se emitieron así 71 informes favorables, con un porcentaje de aprobación del 87,32%.
En su mayoría, las prestaciones se han realizado en centros hospitalarios (51,61%), en domicilios (43,55%) y en centros sociosanitarios, principalmente, residencias (4,84%).
El tiempo medio de duración del procedimiento entre la solicitud y la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación en la región fue de 53,79 días, con una mediana de 45 días, lo que supone un plazo medio superior al máximo establecido por la Ley, que es de entre 30 y 40 días naturales.
Desde la entrada en vigor de la ley que regula la eutanasia en junio de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2024, el número de prestaciones de ayuda para morir ha ido creciendo. En la región, se han registrado 141 prestaciones en este tiempo: seis durante 2021, 38 en 2022, 35 en 2023 y 62 en el año 2024. En el caso de las solicitudes, en la región también ha ido aumentando la cifra con el paso de los años: 12 en 2021, 62 en 2022, 89 en 2023 y 129 en 2024.
DATOS NACIONALES
A nivel nacional, finalizaron en España 929 procesos de solicitud de eutanasia, de los que 426 resultaron en prestaciones efectivas, lo que supone el 45,86 por ciento del total y un 27,5 por ciento más que el año anterior.
En lo relativo a los procesos finalizados el año pasado, que incluyen 803 solicitudes presentadas y resueltas en 2024 y 126 iniciadas en años anteriores, 141 fueron denegadas por no cumplir con los requisitos legales (15,18%), 54 personas revocaron voluntariamente su solicitud (5,81%) y 308 fallecieron durante el proceso de tramitación (33,15%).
Las instancias evaluadoras emitieron 157 informes desfavorables a solicitudes de eutanasia, teniendo en cuenta que puede haber más de un informe por solicitud o proceso. De estos, 75 fueron objeto de reclamación. Finalmente, 20 de esas reclamaciones fueron estimadas por la Comisión de Garantía y Evaluación (CGyE), permitiendo que estos casos se aprobaran como prestaciones.
Por comunidades autónomas, el mayor número de solicitudes se produjo en Cataluña (303, de las que se aceptaron 142). Tras Madrid, se situaron País Vasco (75, se aceptaron 50), Andalucía (72, se aceptaron 30), Canarias (52, se aceptaron 25), Islas Baleares (48, se aceptaron 17), Castilla y León (40, se aceptaron 15), Asturias (34, se aceptaron seis).
Junto a estas, Galicia (34, se aceptaron 16), Comunidad Valenciana (31, se aceptaron 16), Castilla-La Mancha (26, se aceptaron ocho), Navarra (23, se aceptaron 14), Aragón (22, se aceptaron ocho), Cantabria (13, se aceptaron tres), La Rioja (nueve, se aceptaron seis), Murcia (nueve, se aceptaron cuatro), Extremadura (ocho, se aceptaron cuatro), Melilla (uno, no se aceptó). Ceuta no registró ninguna solicitud.
En cuanto al perfil de la persona solicitante, siguiendo la tendencia de los dos últimos años, 75,89 por ciento eran pacientes mayores de 60 años. En concreto, 202 se sitúan entre 60 y 69 años; 245, entre 70 y 79 años; y 258, en una edad superior a los 80. Por su parte, 131 solicitudes corresponden a personas de entre 50 y 59 años; 56, entre 40 y 49 años; 27, entre 30 y 39 años; y 10 tenían menos de 30 años en el momento de la solicitud.
Las enfermedades de base más frecuentes fueron la neurológica (32,51%) y la oncológica (29,71%), sumando conjuntamente el 62,22 por ciento de los casos. De los 929 procesos finalizados en 2024, 534 se corresponden con solicitantes con capacidad de hecho, mientras que 51 eran personas que habían cumplimentando un documento de instrucciones previas estando en capacidad para ello.
Entre los médicos responsables que han tramitado las solicitudes vinculadas a los procesos finalizados en 2024, destacan las especialidades de Medicina de Familia, que asumió 595 procesos (64,05%); Oncología, 66 procesos (7,10%); Neurología, 60 procesos (6,46%); Medicina Interna, 33 (3,55%) y Geriatría, 27 (2,91%).
En su mayoría, las prestaciones se han realizado en centros hospitalarios (51,64%), en domicilios (37,79%) y en centros sociosanitarios, principalmente, residencias (10,56%). Asimismo, lo habitual es que las prestaciones se realicen en el sistema sanitario público; de hecho se han registrado 14 prestaciones en el sector privado o concertado, lo que representa el 3,29 por ciento del total.
AUMENTA A 82 DÍAS EL TIEMPO DESDE LA SOLICITUD HASTA LA PRESTACIÓN
El tiempo medio de duración del procedimiento entre la solicitud y la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación fue de 52,97 días, con una mediana de 41 días, lo que supone un plazo medio superior al máximo establecido por la Ley, que es de entre 30 y 40 días naturales.
El plazo medio total transcurrido desde la primera solicitud hasta la realización de la prestación, incluidos aplazamientos, fue de 82,65 días, con una mediana de 62 días. Esto supone que el tiempo de espera ha aumentado en más de 15 días frente a los 67 días de media que se recogían en el informe de 2023.
En 117 casos (12,59%), el médico responsable estimó oportuno reducir el plazo entre la primera y la segunda solicitud, debido al riesgo inminente de pérdida de la capacidad de tomar decisiones por parte del solicitante.
Respecto a las 308 personas que fallecieron antes de que se resolviera el procedimiento, el tiempo medio desde la solicitud hasta el fallecimiento en este grupo fue de 47,19 días, con una mediana de 27 días, siendo este plazo inferior al tiempo mínimo de tramitación requerido por la legislación.
Las revocaciones se han duplicado con respecto a 2023, pero solo suponen un 5,81 por ciento de los procesos finalizados. Según el momento de la revocación, 38 de los 54 casos se produjeron antes de la segunda solicitud, siete de ellos entre la segunda y la resolución final, y nueve personas renunciaron a la prestación cuando ya tenían el permiso.
De las 508 solicitudes aprobadas por la CGyE en 2024, 55 personas (10,83%) pidieron aplazamiento de la prestación. Dos tercios de esos aplazamientos (34 casos, 61,82%) terminaron finalmente en una prestación.
63 PERSONAS DONARON ÓRGANOS
El 14,79 por ciento de las personas a las que se prestó la eutanasia en 2024 se acogieron al programa de donación de órganos, lo que supone un total de 63 personas, 21 más que el año previo. Con todo, la tasa de donación tras prestación se mantiene estable, pues en 2023 supuso un 13,17 por ciento y, en 2022, un 14,58 por ciento.
Desde junio de 2021 hasta finales de 2024, 156 personas han donado sus órganos, lo que ha permitido el trasplante de 459 órganos, beneficiando a 442 personas, incluyendo trasplantes combinados, es decir, aquellos que implican más de un órgano. Para el Ministerio de Sanidad, esto refleja que la donación de órganos tras la prestación de ayuda para morir “se ha consolidado”.
