Alcalá pide al gobierno de España una ley para desalojar viviendas sociales ocupadas en 24 horas y que se refuerce la presencia de Policía Nacional en las zonas sensibles.
Alcalá de Henares, 16 de julio de 2024.- El PP de Alcalá apuesta por reforzar la seguridad y mejorar la convivencia en los barrios de Alcalá con vivienda social, por lo que solicitaron junto con su socio de coalición Vox en el Pleno del Ayuntamiento celebrado el martes 16 de julio que el Gobierno de España apruebe una Ley Antiocupa.
Según señaló la concejala de Seguridad Orlena de Miguel, “la Policía Local de Alcalá de Henares realiza un esfuerzo notable con patrullajes diarios en estos barrios, llevando a cabo una media de tres intervenciones diarias. Sin embargo, es evidente que se necesita una mayor coordinación y refuerzo por parte del Cuerpo Nacional de Policía, bajo la competencia del Ministerio del Interior del Gobierno de España. Solo así se podrá asegurar una intervención más efectiva y constante”.
De Miguel añadió que “es fundamental establecer acciones conjuntas que no solo resuelvan los problemas inmediatos de seguridad y convivencia, sino que también sienten las bases para una mejora sostenida de la calidad de vida en estas comunidades. Es esencial actuar con firmeza y coordinación para devolver la tranquilidad y seguridad a los vecinos, garantizando un entorno habitable y digno para todos”.
Ley AntiOcupa
“Para ello -declaró De Miguel-pedimos al Gobierno de España que apruebe urgentemente una nueva ‘Ley Antiocupa’ que garantice el desalojo en 24 horas de la vivienda o inmueble ocupado por mafias que trafican con ellas, devolviendo inmediatamente la propiedad a su legítimo dueño, con el objetivo de eliminar los efectos negativos de las ocupaciones ilegales y recuperar estas viviendas para el mercado”.
Asimismo, los populares solicitarán al Gobierno de España “suspender la moratoria de desahucios para desocupar viviendas o inmuebles ocupados por mafias, derogando las disposiciones correspondientes del Real Decreto-Ley 11/2020 y la Ley 12/2023, que han paralizado los procedimientos de desahucios y lanzamientos”.
También proponen “reforzar la presencia del Cuerpo Nacional de Policía en los entornos de las calles José María Pemán, José María Gabriel Galán, Leopoldo Alas Clarín, Avenida Benito Pérez Galdós o Plaza Reina María Cristina, en colaboración con la Policía Local de Alcalá de Henares, para que la vigilancia sea mayor y más efectiva, ejerciendo un efecto disuasorio sobre los potenciales delincuentes”.
Coordinación
Asimismo, los populares de Alcalá se han comprometido a crear junto al Gobierno de la Comunidad de Madrid un equipo bilateral que profundice en el desarrollo y ejecución de medidas, como actualizar el listado de inquilinos de las viviendas de los barrios mencionados para determinar quiénes son adjudicatarios y quiénes son ocupas de las viviendas, o realizar un seguimiento especial a las viviendas más problemáticas.
También se estudiarán fórmulas para asegurar las viviendas vacías para impedir nuevas ocupaciones, reparar todas las zonas comunes dañadas para mejorar el entorno de convivencia o incrementar el apoyo desde los servicios sociales municipales a la labor de mediación que realiza el Servicio de Asistencia Técnica Vecinal de la Agencia de Vivienda Social.
El objetivo de todas estas medidas es “reforzar la seguridad y mejorar la convivencia en los barrios de la ciudad con vivienda social, sobre todo en las calles citadas anteriormente”, dijo De Miguel ya que “esta situación ha deteriorado significativamente la calidad de vida de los vecinos, quienes han manifestado de manera creciente su malestar e inseguridad ante el entorno en el que viven”.
La problemática principal en estas comunidades radica en la actuación de mafias que trafican con las viviendas ocupadas, perpetuando un ciclo de inseguridad y deterioro. Estas ocupaciones ilegales no solo afectan a los propietarios y adjudicatarios legales, sino que también generan un ambiente hostil y peligroso para todos los vecinos.
La concejala de Seguridad ha señalado que “se hace necesario derogar las normativas actuales, especialmente el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, y la Ley 12/2023, de 24 de mayo, que han paralizado los procedimientos de desahucio y lanzamientos, extendiendo los tiempos de desalojo y facilitando, de facto, la actividad de estas mafias”.
“Ante esta situación, es fundamental actuar con determinación y prontitud para restablecer el orden y la seguridad en estas comunidades. La necesidad de una nueva legislación que facilite la desocupación rápida de las viviendas ilegales, especialmente aquellas controladas por mafias, es evidente. Además, es crucial reforzar la presencia policial para asegurar una vigilancia efectiva y disuasoria en estos barrios”, indican desde el PP.
