Alcalá de Henares, 23 de octubre de 2025.- La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno de España la repatriación de 56 menores migrantes no acompañados con «dificultades» de adaptación. Según ha explicado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, tras constatarse técnicamente la imposibilidad de integración, procede la reagrupación familiar.
Dávila ha indicado que estas peticiones se han remitido a la Delegación del Gobierno, administración competente en la materia, aunquehasta ahora no se ha recibido respuesta.
Además, ha informado de que son ya 13 los menores migrantes no acompañados, procedentes de Canarias y de Ceuta, los que han llegado a la Comunidad de Madrid en aplicación del real decreto que regula la reubicación de menores en situaciones de presión migratoria.
Según ha explicado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, los expedientes fueron remitidos hace meses a la Delegación del Gobierno en Madrid, administración competente en materia de Extranjería, sin que hasta la fecha se haya recibido “ninguna respuesta formal”.
La consejera madrileña ha recordado que estas solicitudes se basan en criterios técnicos que constatan la “imposibilidad de integración” de los menores en los centros de acogida autonómicos. “Cada uno de los 56 expedientes tiene detrás a un menor con dificultades amplias y variadas para integrarse. Hemos acreditado que, en estos casos, lo más adecuado es la reagrupación familiar, pero seguimos sin contestación del Gobierno”, afirmó Dávila.
Problemas de adaptación
Los informes de la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia justifican las solicitudes por razones como consumo de drogas, trastornos psicológicos y emocionales derivados de la separación familiar o problemas de adaptación social. En algunos casos, los técnicos regionales advierten incluso de contactos con redes de tráfico de personas o de drogas.
El objetivo, según la Comunidad, es garantizar “el interés superior del menor” mediante su regreso al entorno familiar en el país de origen o, en su defecto, la reagrupación de sus familiares en España. No obstante, Dávila reconoce que el escenario más probable es que los expedientes no sean atendidos.
La situación se enmarca en un contexto de alta presión en los centros de acogida madrileños, que registran una ocupación del 130% de su capacidad habitual, llegando al 150% en los momentos de mayor afluencia. En lo que va de año, la Comunidad ha atendido a cerca de 1.500 menores migrantes, cifras similares a las de 2024.
Dávila ha denunciado la “saturación y colapso” de los recursos de acogida y ha criticado el “reparto forzoso” de menores aprobado por el Gobierno central mediante el Real Decreto-ley 2/2025, que modifica la Ley de Extranjería. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha recurrido el decreto ante el Tribunal Constitucional y los dos reglamentos de desarrollo ante el Tribunal Supremo, al considerar que vulneran las competencias autonómicas.
“El Gobierno ha iniciado 124 expedientes de traslado de menores a Madrid, y en torno al 30% han sido desestimados por incluir mayores de edad o casos con arraigo laboral o familiar en otras comunidades”, explicó la consejera. “Estos repartos no tienen en cuenta las circunstancias del menor ni la realidad de unas comunidades con centros desbordados”.
