Miércoles 9 de julio de 2025.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que falsificaba contratos laborales para regularizar ciudadanos extranjeros. Debían realizar un pago de 2.000 euros para conseguir el contrato de trabajo y cubrir los gastos de la seguridad social.
Dicho contrato era presentado junto con la documentación de la empresa para obtener la autorización de permiso de residencia y trabajo y regularizar su situación en el país. Han sido detenidas un total de 11 personas que con carácter estable, duradero y de manera coordinada se repartían diversas
funciones con fines delictivos.
No existía relación laboral entre la empresa y los trabajadores
Las investigaciones comenzaron en el mes de marzo del año 2024, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que una empresa estaría cometiendo diversas irregularidades con ciudadanos extranjeros para adquirir el permiso de residencia y trabajo en territorio español y en otros casos cotizar para solicitar prestaciones.
El proceso se iniciaba con la realización de un precontrato laboral, que junto con la documentación de la empresa se presentaba para obtener la autorización de residencia y trabajo. Una vez concedida esta autorización, llevaban a cabo el contrato de trabajo y su alta en la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo este requisito necesario para formalizar el permiso. En este momento, la empresa exigía a los trabajadores el pago de 2.000 euros para darles de alta en la seguridad social, por lo que estos gastos también corrían a cargo del propio trabajador.
De esta manera, la empresa no solo no tenía gastos, si no que además
ganaba dinero de esta venta de contratos. Obtenida la residencia finalizaba la
relación laboral siendo dados de baja en la empresa y en la seguridad social.
La empresa tenia dada de alta una única trabajadora
Avanzadas las pesquisas, los agentes pudieron averiguar en el histórico de
trabajadores de esta empresa que habían sido dadas de alta diez personas,
todos ellos extranjeros en situación irregular, constando en la actualidad
únicamente una trabajadora. Se comprobó que estas personas nunca
llegaron a trabajar en la empresa habiendo pagado por el contrato, además
de por el alta en la seguridad social, confirmándose la nula relación laboral
entre empresa y trabajadores.
Por todos estos hechos, han sido detenidas 11 personas –seis hombres y
cinco mujeres- como presuntos responsables de un delito de falsedad
documental, favorecimiento a la inmigración irregular y pertenencia a
organización criminal, pasando posteriormente a disposición de la autoridad
judicial.
