La alcalaína Marta Luna, es la vicepresidenta nacional de Jueces y Magistrados suplentes. Este colectivo vive un problema profesional debido a la falta de regularización que tienen por su condición de suplentes. “Somos el colectivo más precario del poder judicial”, dice la Magistrada de la Audiencia Provincial de Valladolid. Nuestra regularización la exige la Unión Europea pero además es que no somos el problema, somos la solución”.
Alcalá de Henares, 29 de noviembre de 2024.- “Queremos acabar con la discriminación que sufrimos los miembros de la judicatura interina; merecemos una dignidad profesional que no se nos reconoce”. Así se expresa la magistrada suplente Marta Luna, profesionalmente a disposición de la Audiencia Provincial de Valladolid para suplir la baja de cualquiera de los magistrados titulares de este órgano judicial. Luna ha sido elegida vicepresidenta nacional de la Asociación Pro Dignidad de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes y desde su cargo quiere poner luz para que se visibilice el problema que tiene este colectivo, “el más precario del poder judicial cuando en realidad no somos el problema, somos la solución”.
El problema de estos jueces y magistrados, situación en la que también están fiscales y letrados suplentes, es la falta de reconocimiento a su labor a pesar de que la normativa europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han pedido al gobierno de España que acometa su regularización. Sin embargo, se encuentran con la negativa que tienen varias asociaciones de jueces españolas al reconocimiento de su función en la judicatura por considerar que estos profesionales han entrado en la misma por la puerta de atrás ya que, dicen, no han superado la durísima oposición que los titulares han superado. Es un problema que ya ha advertido Europa que tiene que solventar el estado español.
Sin embargo, los sustitutos sí que tienen que superar cada año un examen también durísimo, y además dos y hasta tres informes de idoneidad para ejercer como suplentes. “Y lo más paradójico es que a mí me eligieron desde el poder judicial y además, entre mis funciones, está la de revisar resoluciones de jueces titulares incluso con muchos años de experiencia”, dijo Marta Luna.
Precariedad
Su precariedad laboral estriba en que están a disposición de ser llamados en cualquier momento para realizar una suplencia: “A mí me pueden llamar a las nueve de la mañana para suplir a un magistrado de baja teniéndome que presentar a las diez de la mañana de ese mismo día”. Sin embargo, esa disponibilidad contrasta con su situación laboral porque tienen todas las incompatibilidades de los jueces titulares -no pueden trabajar de prácticamente ninguna otra cosa- pero sólo cobran y cotizan cuando les llaman para hacer una sustitución. “Por no poder, no podríamos trabajar ni de camareros ni de barrenderos; tan sólo podríamos dedicarnos a la docencia si se nos da permiso especial para ello; nos dicen que no hemos aprobado la oposición de jueces pero entre nosotros hay jueces y magistrados interinos con dos carreras, con másteres, y algunos llevan en situación de interinidad más de treinta años”.
Retribuciones y cotizaciones
El problema llega cuando no se hacen suplencias, tanto para tener retribuciones como para cotizar, algo que preocupa al colectivo de cara a su jubilación y la pensión que recibirán.
En estos momentos en España hay un millar de personas en la judicatura interina. Se trata del 16 % de los jueces y magistrados en España. No han accedido por oposición a la carrera pero cada año se presentan a un examen como candidatos a suplentes en la comunidad autónoma o provincia de su elección a la espera de ser llamados en función de sus méritos, como los años de experiencia o el doctorado. Además tienen que pasar ese informe de idoneidad para prestar el servicio dos y hasta tres veces al año. Dada la situación de la justicia en España, una figura, la de la judicatura interina, que es excepcional, se ha convertido en imprescindible en determinadas áreas o territorios.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hay en España un millar de jueces y magistrados suplentes. Casi tres de cada cuatro son mujeres y están detrás de buena parte de las sentencias de algunos órganos: Firman el 22 por ciento de las de los juzgados de primera instancia e instrucción de lo civil y dictan el 16,5 por ciento de las resoluciones de los juzgados de violencia sobre la mujer de lo penal.
Con ese espíritu de conseguir la regularización de su situación para que acabe la discriminación en la que están inmersos fue con el que se creó la asociación de la que la alcalaína Marta Luna es vicepresidenta nacional: “lo que quiero es que se visibilice nuestro problema, que nuestra situación tiene que solucionarse porque así lo ha dicho Europa”.
